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miércoles, 4 de febrero de 2015

¡Señora no grite!


 Por
Alicia María Wellmann 
Médica y Cirujana


En Guatemala la ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, regula en su Artículo 1: “[…] garantizar la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, particularmente cuando por condición de género, en las relaciones de poder o confianza, en el ámbito público o privado quien agrede, cometa en contra de ellas prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de menosprecio a sus derechos […]”
Sin embargo, durante la práctica de la atención obstétrica institucional las mujeres guatemaltecas son víctimas de una amplia gama de maltratos que va desde gritos, regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información, hasta indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos. Muchas veces no se les  consulta ni se les informa sobre las decisiones que se toman durante el trabajo de parto y se les utiliza como recurso didáctico sin ningún respeto a su dignidad humana.
El fenómeno no se limita, ya que en el momento de mayor dolor del trabajo de parto y entre gritos, hay quienes reciben por parte de los médicos y médicas, personal de enfermería o estudiantes de pregrado, órdenes como las siguientes: “¡señora no grite!, “¡señora no está colaborando!”, “puje bien, así no se hace”. Incluso se les llega a señalar que si antes disfrutaron del sexo, ahora les toca aguantarse.
Este abuso ejercido en contra de las mujeres es un problema de salud pública y derechos humanos que en varios países a nivel latinoamericano ha sido motivo de intervención legal acuñándosele el término de  violencia obstétrica, que vale la pena decir que no está tipificada como delito en la legislación penal guatemalteca.
En otros países se define como “aquella forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva. […] que se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud públicos y privados”.
La violencia obstétrica es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen relaciones de poder, de discriminación e inequidad social, la violencia institucional,  la violencia de género así como una cultura médica hegemónica.
Idealmente la relación médico-paciente se constituye como una interacción entre individuos que toman decisiones sobre sí mismos, por lo que se esperaría que a las mujeres que solicitan un servicio médico ginecoobstétrico se les considere personas libres y con derecho a decidir sobre su salud.
Desgraciadamente en nuestro país se ha construido una estructura hospitalaria que tolera y promueve, que sus integrantes crean que pueden tratar a las personas como objetos desprovistos de derechos. Todas estas formas de abuso y violencia están relacionadas con la organización de los servicios de gineco-obstetricia, con la manera como se forma a los médicos tanto de pregrado como a nivel de residencia, así como la forma en la que este grupo social concibe a las propias mujeres.

Es necesario suprimir en Guatemala las condiciones que toleran y justifican el abuso de poder y la indiferencia, para construir espacios en los que se habilite el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. 

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