Por
Lionel
Alejandro Reyes Corzantes
Médico y
Cirujano
Estudiante Especialización en Investigación Científica
Escuela
de Postgrado. Facultad de Ingeniería
El
14 de enero de 2011, mientras asumía el poder el presidente Pérez Molina,
también lo hizo el Dr. Francisco Arredondo al Ministerio de Salud Pública
(MSPAS), el cual recibió un ministerio
socavado, con problemas económicos, desde la base del sistema hospitalario
hasta la conflictiva relación con los sindicatos de trabajadores del MSPAS. Por
lo que ante esta situación el Dr.
Arredondo, declara apresuradamente
Estado de Emergencia el Sistema de Salud, la misma semana que asume. No
demeritando el trabajo del Dr. Arredondo, una persona con gran trayectoria
empresarial, siendo el accionista mayoritario y ex presidente de la mayor
compañía de servicios hospitalarios en Guatemala, pero sin la experiencia de
gobierno y entidades públicas. Posiblemente actuando de manera ingenua; pero
sin descartar una conducta deliberada, en el marco del estado de emergencia,
realizó adjudicaciones anómalas de compras de medicamentos y otros insumos a
empresas, que según artículos periodísticos, sobrevaloraron el precio de estos,
tales como la compra de las vacunas de
rotavirus por Q170.00 a empresas
locales; cuando la Organización Panamericana de la Salud (OPS) las ofrecía a Q54.00.
Esto
le acarreó quejas tanto públicas como dentro del propio gobierno, siendo
especialmente la Vicepresidente Roxana Baldetti, quien interfirió en el caso, a
pesar de deteriorada relación política con el Dr. Arredondo, causando su renuncia el 12 de abril,
aduciendo motivos médicos por la presión del cargo.
A
continuación asume el cargo Dr. Jorge Villavicencio, Médico y Cirujano,
Internista, el cual fue elegido, según palabras del Presidente Pérez Molina,
“por su integridad y notable hoja de vida”: Las primeras acciones del Dr.
Villavicencio fue la denuncia de la mafia que controla la altas esferas del
MSPAS; prosiguiendo con varios despidos de altos funcionarios. Posteriormente
se hizo público que el Dr. Villavicencio y el propio Presidente habían
incurrido en una falta, ya que este, no había cumplido con el requisito de ley
de presentar su finiquito, dado que el artículo 16 inciso “B” de la Ley de
Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos establece que
“No podrán optar al desempeño del cargo o empleo público quienes habiendo
recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado, no tengan su constancia
de solvencia o finiquito de la institución en la cual sus servicios y de la
Contraloría General de Cuentas”. Además de varias denuncias civiles y penales
en su contra.
Dado
la gran publicidad mediática que se le dio, el Presidente Pérez Molina, le
extendió un permiso para que en una semana solventara su finiquito y aclarara
las denuncias civiles y penales. Lo cual ocurrió, habiéndosele otorgado dicho
finiquito, con excepcional celeridad, provocando aún más sospechas de la
influencia del Presidente en las entidades autónomas del Ministerio Público y
Contraloría General de Cuentas.
El
presidente Pérez Molina que según los medios cuenta con una aprobación para el
mes de abril del 82% de parte de la población, se enfrenta a su primer revés
político y administrativo.
No
fue solo la situación del Dr. Arredondo ni el Dr. Villavicencio, sino el cargo
que representa el Ministro de Salud Pública, que como puede notarse, necesita
de una autoridad con el suficiente conocimiento y manejo, para superar las
fuerzas que intentan gobernar el Ministerio más conflictivo del gobierno
central. Es en esta persona que el Presidente Pérez Molina confió haber
encontrado a la persona ideal para manejarla, aun sin los requisitos de ley, no
lo debió imponer, menos aun del Presidente de la República quien juró defender
la Constitución Política de la República ante todo,
La
decisión no solo dejó de entrever el tráfico de influencias que aun persiste,
sino el deseo de imponer su voluntad por encima de la ley. Se espera que tanto
desgaste político surja sus frutos, y no se trate de otro Ministro sin pena ni
gloria.•
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